Foro de Participación Tributaria

Reunión Nº18

Fecha: 19 de Octubre 2011.-

Presidencia: Cont. Angel Rubén Toninelli, Dirección General Impositiva


Inicio de actividades Ciclo 2011



Material



En Hipólito Yrigoyen 370 -2º Piso- de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de Octubre del año 2011, se reúnen: Por la Administración Federal de Ingresos Públicos:
El Presidente del Foro de Participación Tributaria (Director General de la Dirección General Impositiva) y el Secretario del Foro (Director de la Dirección de Coordinación y Evaluación Técnica);
De la SDG DE ASUNTOS JURÍDICOS:
 
el director de la Dirección de Planificación Penal;
De la SDG DE TÉCNICO LEGAL DE LOS REC. DE LA SEG. SOCIAL:
 
el subdirector general;
 
el director de la Dirección de Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social;
De la SDG TÉCNICO LEGAL IMPOSITIVA:
 
el Subdirector General;
 
la directora de la Dirección de Asesoría Técnica;
De la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN OPERATIVA: la directora;
Asesores de la Dirección General Impositiva.

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Federación Arg. de Ent. Empres. del Autotransporte de Carga (FADEEAC)
Federación Agraria Argentina (FAA)
Cámara Argentina de Comercio (CAC)
Cámara de Sociedades Anónimas (CSA)
Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)
Cámara de la Ind. Aceitera de la República Argentina (CIARA)
Cámara Arg. de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHAI)
Coordinadora de las Ind. de Productos Alimenticios (COPAL)
Unión Industrial Argentina (UIA)
Asoc. de Supermercados (ASU)
Asoc. de Industriales Metalúrgicos de la Rep. Arg. (ADIMRA)
Federación Arg. de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE)
Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA)
Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Rep. Argentina (ABAPPRA)
Asociación de Fábricas de Automotores de Argentina (ADEFA)
Asoc. de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés de la CABA (AHRCC)
Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la Rep. Arg. (FEHGRA)
Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (CONFECLISA)
Asociación de Concesionarios de Automotores de la Rep. Argentina (ACARA)
Colegio de Escribanos de la CABA
Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA)
Federación Argentina de Consejos. Prof. en Cs. Económicas (FACPCE)
Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA)
Consejo Profesional de Cs. Económicas de la CABA (CPCECABA)
Colegio de Graduados en Cs. Económicas de la CABA (CGCE)
Dirección Nacional de Impuestos (DNI)


Inicia la reunión el Secretario del Foro, presentando los temas a tratar en la reunión del día de la fecha. El primero de ellos, tiene que ver con la reforma de la Ley Penal Tributaria, tema que fue presentado en este Foro el año pasado, dentro de las propuestas que había desde la parte externa al Organismo. Como el proyecto ha sido tratado y en la actualidad tiene estado Parlamentario, con despacho de alguna de las Comisiones por las que tiene que pasar. Con esta exposición del director de la Dirección de Planificación Penal, se pretende  analizar sobre qué marco, sobre qué postura, sobre qué posiciones de máximas y de mínima nos tenemos que manejar en esta cuestión.


  I. LEY PENAL TRIBUTARIA. PROYECTO DE REFORMA. TRATAMIENTO LEGISLATIVO
El secretario del Foro invita al director de la Dirección de Planificación Penal (DI PLPE) para la exposición del tema. Inicia recordando como fue el proyecto original de reforma en marzo de 2010, mediante el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Este proyecto de reforma preveía como condición objetiva de punibilidad para la configuración de la evasión simple $ 1.000.000 por todos los impuestos de ejercicio anual; aumentando de esa forma, los $ 100.000 que prevé la actual Ley 24769. Incluía asimismo los tributos locales, en este caso configurando la condición objetiva de punibilidad de $ 100.000 por impuesto y por año.

En la evasión agravada, se propone con el proyecto oficial eliminar los montos de los distintos incisos que componen el artículo 2° e incorporar como medios comisivos para el agravamiento de la figura la utilización de factura o documento falso. En el aprovechamiento indebido de subsidios había una adecuación de montos al igual que en la obtención fraudulenta; en ambos tipos –tanto en los tipos impositivos como en los previsionales- se incorporaba a los fiscos locales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El expositor continúa indicando que lo mismo sucede con la apropiación indebida de tributos por agentes de retención y percepción, evasión previsional simple por aportes y contribuciones y en la parte de evasión previsional agravada. El proyecto preveía  la eliminación de los montos, agravando únicamente la figura del artículo 7º por interposición de personas. En la apropiación indebida de recursos de la Seguridad Social,  el proyecto contemplaba únicamente una adecuación de montos, se incorporaban las obligaciones de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los tipos de insolvencia fiscal fraudulenta y simulación dolosa de pagos y alteración dolosa de registros; se incorporaba luego del artículo 12, el 12 bis, relacionado con el que modificare o adulterare los sistemas informáticos o equipos electrónicos suministrados u homologados por el fisco, incluyendo a los fiscos provinciales y de la CABA.

También indicó que, un nuevo tipo penal se orientaba básicamente a lo que conocemos como controladores fiscales.
Continuó señalando que el proyecto de reforma, remitido por el Poder Ejecutivo, centraba su atención en la cuestión de la extinción de la acción penal, para eso derogaba expresamente la extinción por pago prevista en el actual art. 16, impedía expresamente a través de una reforma del Código Penal la aplicación del instituto de la probation a los delitos aduaneros y tributarios y como única excusa absolutoria contemplaba la regularización en forma espontánea del obligado de las obligaciones evadidas. Esta forma de presentación espontánea o desestimiento del hecho punible están emparentados con la Ley 11683 en cuanto a que debemos entender por presentación espontánea. Un aspecto muy importante que incorpora el proyecto de Ley, es una cláusula en el art. 17 bis en el cual expresamente establece que el monto fijado como condición objetiva de punibilidad de los distintos ilícitos contemplados en los presentes no dará lugar a la aplicación del principio de la ley penal mas benigna. La importancia de este articulo -más allá del cuestionamiento que ha merecido en el ámbito doctrinario- radica en la incorporación en la norma positiva de qué debemos entender por los montos que están consignados en la Ley Penal Tributaria, es decir que es una condición objetiva de punibilidad y esto va en línea con la jurisprudencia mayoritaria y en contraposición a las teorías que la consideran como un elemento objetivo del tipo. Tanto una concepción como otra tienen muchas implicancias en orden a la determinación de la comisión de la conducta. En cuestiones procesales el proyecto oficial ampliaba a 120 días el plazo para la determinación de la deuda, derogaba el artículo 19 equiparando la función a los funcionarios de la administración fiscal con la de cualquier funcionario público, hacía una reafirmación de la independencia de los procesos sancionatorios y de determinación de deuda y atribuía la competencia en el fuero ordinario, de tributos locales.
Este proyecto fue girado a la Honorable Cámara e ingresó a la Comisión de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda. Se trató y debatió en la Comisión de Legislación Penal, donde luego de varios intentos de obtención de dictamen favorable (intentos que incluían buscar alguna forma de actualización permanente de montos, cuestionamientos en los montos que alguna vez se habían establecido, cuestiones que implicaban una suerte de amnistía con algunas cuestiones preexistentes con el consiguiente cuestionamiento y resquemor a que con la aprobación del proyecto tal cual fue enviado sucediera esa situación) corrió distinta suerte hasta que se llegó a la emisión de un dictamen con mayoría y con minoría. El dictamen con mayoría básicamente mantiene los montos que actualmente se encuentran vigentes por la Ley 24769. Incorpora los tributos locales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorpora la adulteración dolosa de los sistemas informáticos y equipos electrónicos y establece una modificación del artículo 14 de la actual ley, incorporando penas accesorias en el caso que la evasión se hubiese originado por o en beneficio de una persona jurídica. Esas penas accesorias son multas, suspensión total o parcial de actividades, suspensión para actuar en licitaciones, obras y servicios públicos o cualquier actividad relacionada con el estado, cancelación de la personería, pérdida o suspensión de beneficios estatales, auditoría periódica y publicación del extracto de la sentencia a costa de la persona jurídica. Según el dictamen, todas estas penas accesorias siempre van a ser aplicadas a la persona jurídica, mas allá de los autores que hayan cometido la maniobra. Se entiende que lo que se intenta a través del dictamen aprobado con la mayoría es que, más allá de las personas a las que corresponde atribuir el hecho ilícito, la persona jurídica utilizada para ello sea merecedora de otro tipo de sanciones.

El funcionario indica que, en cuanto a la extinción por pago, se incorpora un concepto novedoso que es que la extinción de la acción se producirá si el responsable cancela la obligación hasta 30 días después de notificada la denuncia. Lo novedoso que se puede comentar es la notificación de la denuncia,  ya que ésta es un instituto que no se ve en el Derecho Procesal Penal; la denuncia se presenta pero no se notifica, no hay notificación de demanda. Esto se incorpora en el art. 17 bis.

Respecto de la inaplicabilidad de la Ley Penal más benigna, al no modificar los montos que están actualmente no hace mención, en cuanto a la reducción de la pena; incorpora la figura del arrepentido, es decir, a quien colabore eficazmente en la búsqueda de elementos que permitan atribuir la responsabilidad penal por los hechos cometidos. Lo que se está buscando es que en caso que exista el arrepentido del sujeto merecedor de pena, exista un “premio” consistente en reducción de pena que la lleva al grado de tentativa.

Continúa señalando que los tiempos para la determinación de deuda en caso de denuncia de 3os., los amplía a 120 días hábiles; deroga el art. 19 y en cuanto a la suspensión del juicio a prueba, lo permite con algunas salvedades.

El expositor indica que, conjuntamente con este dictamen, hay otro, en minoría.

El dictamen en minoría cuadruplica los montos actualmente vigentes como condición objetiva de punibilidad en la Ley 24769. Esto lo hace en todos los artículos y recoge la figura agravada por utilización de facturas falsas atribuyéndole como condición objetiva de punibilidad un monto de $ 800.000. Todos los importes que están consignados en la Ley los multiplica por 4, amplía el tema de los tributos nacionales a los tributos locales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; incorpora la adulteración dolosa de sistemas informáticos o equipos electrónicos. También incluye con algunas diferencias en cuanto al enunciado, las penas accesorias para las personas jurídicas pero esto va concomitantemente con la acción que correspondería aplicar en caso de comprobarse la hipótesis delictiva y que el proceso termine en una condena; las penas accesorias son las mismas pero tienen una diferencia en cuanto al enunciado de cuando son aplicables, pero en esencia se comparecen con el dictamen en mayoría. En el caso de la extinción penal por pago también hace esa innovación de notificación de denuncia. Incorpora que, en caso de encontrarse con un plan de pago se suspende la acción y el curso de la prescripción penal (esto lo establece expresamente) y en este dictamen en minoría se coloca en cabeza de la administración la obligación de notificar esa denuncia que hace. Genera alguna complicación de orden práctico ya que si se determina deuda y en el ínterin que se determina deuda se constata una situación irregular que tipificaría en principio como delito, se estará denunciando ese hecho cometido en principio por una persona jurídica en un caso, ahora los componentes de esa persona jurídica y los responsables en los términos del actual art. 14 respecto de los cuales se dirige la acción penal son desconocidos, entonces al notificar la denuncia se plantea el gran interrogante de a quien se la va a notificar; si se notifica a la sociedad los sujetos que componen la sociedad o que tienen los órganos de dirección o los mandatarios o aquellos que han dirigido a esta persona de existencia ideal tal vez no son los que están formalmente en los estatutos o actas estatutarias o de asamblea y se plantea toda una serie de complicaciones con respecto a partir de cuando se van a computar esos 30 días y si se consigue al imputado al cual se tiene que notificar la denuncia. Son todas complicaciones de orden práctico que generaría una aceptación en el orden legal de esta figura. La inaplicabilidad de la Ley Penal más benigna que si bien modifica los montos, no refiere a como se debe tomar el aumento de los montos. Contempla también la reducción de la pena en caso de arrepentimiento, los 120 días hábiles también son contemplados, deroga el artículo 19 y permite la aplicación de la suspensión del juicio a prueba.

El funcionario continúa indicando que la suspensión del juicio a prueba tiene algunas particularidades en uno y otro dictamen. El dictamen en minoría señala que, en el caso de esos delitos al decidir sobre la razonabilidad del ofrecimiento, el juez deberá tener en cuenta la liquidación o en su caso la determinación efectuada por el fisco; si existieran diferencias entre el monto ofrecido y el liquidado determinado por el Organismo en la aceptación del ofrecimiento por parte del Estado, no le impedirá seguir con los procedimientos tendientes a la determinación y ejecución de la deuda remanente. El imputado también podrá obtener la suspensión acogiéndose a los planes de facilidades o moratorias vigentes; en este último caso, el incumplimiento de un pago o de una obligación previa, intimación del Organismo recaudador provocará la reanudación de la persecución penal. Acá, se habla de estas dos grandes situaciones como son acogerse a un plan de facilidades de pago con lo cual va a ser viable el instituto de la probation con todo lo que ello implica y en caso de diferencia entre lo que el juez meritúa que corresponde que sea aceptado como resarcimiento del daño y la obligación que está liquidando el Organismo recaudador, se encuentre la vía expedita para el Organismo recaudador para reclamar la diferencia, sin perjuicio que en la causa penal continuará el tramite que el juez disponga, es decir la suspensión del juicio a prueba. Mientras tanto, el dictamen en mayoría contempla de distinta forma, es decir que cuando se tratare de los ilícitos reprimidos por las leyes 22415 y 24769 el imputado para tener la suspensión, deberá previamente aceptar la liquidación o en su caso la determinación efectuada por el Organismo recaudador, regularizar su situación impositiva y pagar el monto de la deuda en forma incondicionada y total. Acá no habilita al juez a merituar la razonabilidad de la propuesta que haga el imputado, al menos en el texto de la norma. Básicamente las diferencias son éstas, el tema de la extinción; podemos decir que conceptualmente hay una diferencia muy grande entre el proyecto que remite el Poder Ejecutivo y los proyectos como fueron tratados o dictaminados en Comisión, que son diferencias en cuanto al tratamiento más allá de la técnica. Se puede opinar en cuanto a si la técnica está bien o no, en cuanto a que se hubiesen hecho modificaciones de montos en el dictamen en minoría sin la introducción de una cláusula que permita considerar esos montos como la condición objetiva de punibilidad y que no afecten situaciones preexistentes. Éstas son técnicas legislativas pero conceptualmente el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo lo que preveía es en la extinción de la acción ya que el proceso penal es un proceso que se inicia con una denuncia o con un sumario de prevención o por la actuación de un fiscal y, por principio general, debería terminar con una sentencia condenatoria o absolutoria. Tenemos situaciones puntuales previas que serían el sobreseimiento o archivo. Estas son situaciones que se van planteando dentro del proceso penal pero lo que se tiende es a que culmine con la sentencia en uno u otro sentido en base a la que se hubiere colectado, la instrucción. El funcionario comenta que el proyecto originario con muy buena técnica, definió que la excusa absolutoria se configure antes del inicio del proceso, es decir si el imputado regularizaba su situación antes de cualquier observación por parte de la administración fiscal, no iba a ser perseguido penalmente. Los dos dictámenes de la Comisión incorporan más allá del existente artículo 16, otros artículos u otras figuras que permitan que el proceso tenga mayor posibilidad de finalización con anterioridad a esa sentencia. Realza la idea “del que paga se va”, que es la crítica que tiene la actual Ley Penal Tributaria, se la señala como que es una ley recaudadora y que  debería ser una ley penal, no con fines recaudatorios y los proyectos se están orientando a recaudar; privilegian la recaudación.

En el proyecto de reforma tal como fue remitido quedaba claro que la recaudación no era lo que se estaba intentando proteger sino como bien tiene dicho la doctrina “la hacienda pública en sentido dinámico”; el hecho de haber quitado montos en los tipos penales agravados, incorporar figuras por la metodología de la comisión de los hechos punibles, demostraba que se iba en ese sentido.

Continúa indicando que, actualmente el proyecto de Ley cuenta con este dictamen; resta el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el tratamiento Parlamentario, en principio, sería hasta el próximo 29 de Febrero fecha a partir de la cual perdería estado parlamentario.


El funcionario finaliza la exposición quedando a disposición para responder las preguntas que los participantes quieran efectuar.


El representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas manifiesta que el expositor señaló que el proyecto guarda estado parlamentario hasta el 29 de Febrero y consulta como juega esto teniendo en cuenta que el 30 de noviembre vencen las ordinarias y luego tienen que incorporarse a las extraordinarias. En segundo lugar, indica que la AFIP es un Organismo del Estado, el partido gobernante debe haber enviado el proyecto a la comisión que lo estudió y los que lo resolvieron en forma mayoritaria tienen que ver con el partido gobernante y consulta cómo se puede en este momento  pensar que alguien puede estar acusado por una Ley Penal Tributaria por una evasión de U$S 24.000 (es el equivalente de los $ 100.000), que se sabe que hay un Secretario de Comercio que dice que no hay inflación, no obstante lo cual habría que poner esta cuestión en términos de realidad ya que resulta inconcebible seguir hablando de $ 100.000 como condición objetiva de punibilidad; consulta entonces, cuál es la idea del Organismo Fiscal, si es que se puede dar, y cómo va a ser tratado esto, en los próximos meses, o sea si va a salir o no va a salir y si la AFIP va a seguir haciendo denuncias por $ 100.000.

El expositor manifiesta que hoy, el monto de U$S 24.000 es el umbral de la condición objetiva de punibilidad y que, como funcionario público, existe obligación de denunciar cualquier hecho que extrínsecamente tenga visos delictivos y cuyo monto supere la condición objetiva de punibilidad fijada por la ley vigente. El tema de condición objetiva de punibilidad, es discutido ya que costó determinar si es condición de acuerdo al tipo o  condición objetiva de punibilidad; hoy sabemos que la mayoría se orienta a considerar que es condición objetiva de punibilidad. Esta condición objetiva de punibilidad es también cuestionada desde el punto de vista jurídico y tiene sus detractores porque se habla de una situación de imputación objetiva que se quiere sustraer del elemento cognitivo del sujeto un determinado elemento como es el monto, entonces se habla de una responsabilidad objetiva y eso choca contra teorías de expositores de gran prestigio. Sin embargo no debemos perder de vista que al momento de sancionarse la Ley 24769, los legisladores del año 1996 tenían en vista que la persecución debía hacerse; es decir que, como estado se debía hacer una averiguación de los recursos disponibles para combatir lo que se considera un flagelo que es la evasión. Si se considera que la evasión de $ 1 es distinta a la evasión de $ 1.000.000, la única diferencia que se encuentra son            $ 999.999 pero no hay una diferencia conceptual entre uno y otro. Lo que se puede es aplicar a la de $ 1, el principio de bagatela pero conceptualmente no hay diferencia. El monto que se determinó en aquel momento fue un monto tomado en forma arbitraria, pero no en un sentido peyorativo sino de poner un límite a partir del cual podía ser efectivo cualquier emprendimiento tanto de la justicia como de la Administración Fiscal para perseguir el flagelo que es la evasión.

Continúa señalando que la adecuación fue propuesta desde el Poder Ejecutivo considerando los valores que ya conocemos. Más allá de cuanto se adecua ese monto no debemos perder de vista que la evasión no se puede mensurar en cual es la evasión buena y cual la mala ya que es un contrasentido, es decir cual es la evasión que debemos perseguir y cual no debemos perseguir. Incluso, los tipos que no quedan alcanzados por los del artículo 1° de la Ley 24769 merecen un reproche penal administrativo, entonces si la inquietud está en si llevamos el aspecto sancionatorio a la faz judicial o administrativa, es un reproche de oportunidad y de afectación de recursos, pero no podemos perder de vista que ambas situaciones son disvaliosas.

La representante de la Federación Argentina del Colegio de Abogados (FACA), manifiesta que comparte que el tratamiento de esta Ley no esté, tal vez, en la agenda política cercana pero más allá de esto hay cuestiones a debatir y otras que pueden ser perfectibles, este umbral es condición objetiva de punibilidad o si se trata de un elemento objetivo del tipo que tiene que ser conocido por quien realiza el hecho punible, es cierto que hay posturas pero más allá de las posturas, el hecho de ser una condición objetiva de punibilidad habla de un derecho penal que no es de autor, que deja de lado la culpabilidad, entonces la condición objetiva más allá de posturas luce inconstitucional por nuestros preceptos constitucionales.

La representante de FACA continúa señalando, con respecto a la posibilidad de modificar en la aplicación o en la denuncia los montos más allá de una reforma legislativa, la Corte una vez lo hizo y es la causa “Crocita” que se refería al delito de contrabando. La ley todavía no había sido modificada, inflación mediante y el Juez aplicó el verdadero sentido, es decir cual era la verdadera política punitiva que llevaba adelante el legislador. En el caso consideró un valor que estaba por debajo del umbral de punición y se entiende también que existen posturas que quitan todo umbral de punición; el ejemplo está dado por el anteproyecto del Código Penal de la Nación elaborado en el año 2006 a propuesta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en los artículos 190 a 193 tipificaba la evasión sin monto alguno, sino por la mera conducta pero a su vez el Código establecía un sinnúmero de herramientas en el Juzgador para  evitar la aplicación en casos de bagatela. La preocupación, es que si existe la posibilidad, hay muchos puntos en los que trabajar ya que por ejemplo, la figura del colaborador arrepentido se entiende que es irrazonable aplicarla en penalización de los ilícitos fiscales. Esto viene de la Ley de estupefacientes en casos muy puntuales y por ende luce irrazonable en la tutela de la hacienda pública en sentido dinámico y de la seguridad social. Esto es como una reflexión en puntos que pueden llegar a perfeccionarse y trabajarse.

Toma la palabra el funcionario de DI PLPE manifestando que la incidencia en razón del monto en el fallo “Crocita”, que se trataba de un contrabando de whisky, tuvo y tiene un tratamiento por parte de la Corte que fue y vino en cuanto a como debía tratarse la cuestión cuando existe una  modificación en la tipificación de la conducta prohibida. Es un tema sumamente interesante, si cualquier modificación implica una Ley Penal mas benigna, es decir que el que evadió $ 150.000 al aprobarse en el dictamen de minoría, que eleva a $ 400.000 el monto, quedaría despenalizado. La Corte entiende que en el voto del Dr. Petracchi que fue citado en Ayersa, y recogió el fallo Cristalux, se expresa de una manera muy clara cuando una modificación a los elementos del tipo penal puede ser considerada habilitante como Ley Penal más benigna. En el fallo Ayersa, el Juez Petracchi, hace un análisis muy interesante habla de la esfera de lo prohibido o el mayor campo de acción que tiene permitido el sujeto y en definitiva en la Ley Penal Tributaria la conducta sigue siendo la misma y sigue estando prohibida, lo que cambia es un aspecto cuantitativo. Aclara que la evasión es un disvalor social, será tratada en sede administrativa o judicial, pero en definitiva es un disvalor social.

Otra reflexión de la representante de la FACA es respecto de la derogación del artículo 19, que es compartida en el proyecto del Ejecutivo y por los dictámenes de Comisión, esta es una herramienta útil al Organismo de aplicación.

La representante del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A., manifiesta que cuando se debatió el tema de la Ley Penal Tributaria todavía no estaba la Ley de Lavado de Dinero, una de las problemáticas que va a tener es que este proyecto tampoco se ha aggiornado ni se ha debatido cuales son los momentos de consumación de un ilícito y otro, respecto de considerar el autolavado y el ilícito tributario como precedente en el lavado de dinero. Lo que preocupa es que los legisladores siguen con el proyecto de media sanción y no han advertido que hoy el espectro legislativo ha cambiado y deberían considerarse estas cuestiones sobre todo determinar cuando se determina el momento de consumación del lavado de dinero que no surge de la Ley de lavado ni de los debates público que se han venido haciendo y si los Activos que se lavan son los que efectivamente surgen de la evasión, es decir los $ 300.000 evadidos o aquellos incorporados a la declaración jurada y como dijo la Corte en el Fallo Georgalos, la posterioridad es en el mismo momento entonces reinterpretamos como se debe entender el lenguaje y el idioma español, entonces la preocupación es introducir en el debate como se van a coordinar ambos cuerpos normativos.

El funcionario de AFIP agrega que cuando hacía referencia a la evasión de $ 1 y a la evasión de $ 100.000 siendo la diferencia $ 99.999 era en un sentido conceptual pero la consecuencia jurídica es distinta.

Otro representante del CPCECABA manifiesta que en el último Congreso Tributario celebrado el 4 de Octubre se hizo una presentación sobre “Pautas y Fundamentos para una Futura Reforma Fiscal” en la cual hay un capítulo referido a la Ley Penal Tributaria. El Administrador Federal ha sido notificado de cuales eran las conclusiones de cada uno de los temas de este trabajo tal vez sería pertinente poder enviar la parte pertinente de la Ley Penal Tributaria ya que se está tratando de enviar a la Comisión que falta dictaminar que es la de Hacienda. Lo que se propone tiene muchos cambios respecto de lo que dicen los dos Dictámenes. Los cambios están sustentados por doctrina, por comparación con otras legislaciones, están muy bien fundamentados como algo al que habría que llegar para tener una Ley Penal Tributaria, teniendo en cuenta que este ilícito existe y es lo mismo una evasión de $ 1 que de un importe mayor, pero hay distintos grados de sanciones ya que la Ley Penal Tributaria no puede ser aplicada a todo tipo de evasión. Esto está recomendado.

No habiendo más consultas ni comentarios, se da por finalizado el tema y se pasa al siguiente.



  II. SEGUROS DE VIDA Y RETIRO. DEDUCCIONES IMPOSITIVAS. RÉGIMEN DE RETENCIÓN. PROPUESTA DE AVIRA

A continuación el Secretario del Foro invita a exponer al Director Ejecutivo de la Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina (AVIRA) para tratar el 2° tema consistente en una propuesta de la entidad respecto de seguros de vida y seguros de retiro, y las implicancias fiscales.

El expositor agradece el espacio brindado. Agrega que AVIRA es la entidad que agrupa a todas las compañías de seguros de vida y retiro de la Argentina y que, desde hace tiempo se está tratando de generar conciencia aseguradora y sobre todo en seguros de vida por eso va a dedicar unos minutos para hablar de la implicancia de estos seguros en la sociedad.

Indica que los seguros de vida tienen un rol social importante en cuanto a la protección del núcleo familiar, en la Argentina la escala aseguradora es auto- casa-vida; y por eso el 70 % de la producción de seguros corresponde a patrimoniales y el 30 % a seguros de vida. En Chile el 65 % es de seguros de vida y el resto en patrimoniales.

El expositor señala que esto es muy importante porque en el caso de una familia tipo en la que desaparece el sostén del grupo familiar el no tener un seguro no le permitiría mantener el standard de vida ni enviar los chicos a la escuela lo mismo pasa con los créditos hipotecarios que les obliga a todos a tener un seguro de vida sino sería imposible al viudo o a la viuda seguir sosteniendo esto.

Indica que también se lo ve como un complemento de la seguridad social, instrumentos de ahorro como los seguros de retiro; esto se comentó en una oportunidad en el sentido que se elaboró un proyecto de seguro jubilatorio voluntario que es un tercer pilar de la seguridad social para complementar la jubilación. En cuanto a las implicancias económicas lo que vemos es que los fondos que generan las primas de los seguros de vida y de retiro fomentan el desarrollo del mercado de capitales y sobre todo el ahorro a largo plazo; hoy en día en nuestro país no hay un ahorro a largo plazo y en el caso de compañías de vida y retiro básicamente todos los fondos se invierten a largo plazo ya que la obligación es a muy largo plazo, lo cual genera una fuente de financiamiento muy importante. Para dar un ejemplo, en Brasil hay un sistema similar, hay alrededor de quinientos mil millones de Reales en este tipo de seguros complementarios a la jubilación que se invierten en bonos en reales al año 2030 y 2050. También la financiación de Proyectos de Economía Real como es en muchos países que se destina directamente una parte de los fondos a obras de infraestructura a vivienda y a préstamos hipotecarios y al sostenimiento del ingreso familiar.

Continúa manifestando que en Argentina es muy baja la participación de primas sobre el PBI, es del 0,5% cuando en Brasil está en 1,5% y en Chile en el 2%, en realidad es muy poco lo que hay en Argentina. También el no estar desarrollado este mercado genera cada vez más la venta de seguros off shore, cuando sabemos que los seguros off shore no generan fuente de trabajo, no pagan impuestos uno lo contrata y cuando quiere cobrar el siniestro tiene que mandar el certificado por duplicado a la Isla Gran Caimán. AVIRA ha trabajado con  la AFIP sobre este tema y sancionado a compradores y vendedores de seguros ilegales que está sancionado hasta 25 veces la prima.

Señala que lo fundamental es la falta de incentivos fiscales que desarrolla este sector, si bien se entiende que es muy importante generar conciencia, que existan empresas y productos, también tiene que haber incentivos como hay en otros países como Colombia, Chile y Brasil porque ahí independientemente de la conciencia de asegurar al grupo familiar resignaría el consumo de hoy para ahorrar en algo que pueda ser un diferimiento impositivo es decir un beneficio fiscal.

Menciona que por ejemplo, por intereses de un préstamo hipotecario se puede deducir hasta $ 25.000 anuales, de una empleada doméstica se puede deducir $ 12.900, de una empresa que tiene autos para un empleado deduce $ 11.000 por año, para un seguro de vida $ 996 pesos al año; un seguro de retiro por empresa por ejemplo un colectivo, puede deducir $ 600, retiro individual que fue eliminado con la estatización de las AFJP. Dicho diferimiento era de $ 1.200. Por eso desde AVIRA se está trabajando en un proyecto de Seguro Obligatorio Voluntario con incentivos fiscales y factores que lo van a hacer muy interesante.

A continuación  cede el espacio a un asesor externo, en materia impositiva, de AVIRA quien manifiesta que la falta de conciencia aseguradora, es evidente en Argentina sobre todo teniendo en cuenta que un seguro obligatorio como es el seguro de Responsabilidad Civil en autos, sólo el 50% del mercado está asegurado; en consecuencia partimos de un nivel donde necesariamente debe trabajarse. En lo que hace al Seguro de Vida cree que la Ley de Impuesto a las Ganancias, tiene bien concebido el beneficio a la altura de las legislaciones más importantes del mundo pero lo que sucede es que estructuralmente ese beneficio –que en su momento podía llegar a ser tal- hoy, fundamentalmente por el monto, se encuentra desactualizado. Tomando lo que es el espíritu del Seguro de Vida, básicamente de protección al núcleo familiar, opina que una alternativa más justa y en orden de atender a la magnitud que debería tener la deducción, debería establecerse en función de la evolución que por ejemplo ha tenido la deducción por cargas de familia y así se ve que ese beneficio queda absolutamente relativizado. Con ello, esto supondría un aspecto favorable eventualmente de recoger esta posición pero claramente sería insuficiente para combatir el flagelo del Seguro off shore, pero en AVIRA considerar que sería un buen comienzo como para empezar a interpretar la verdadera importancia del Seguro de Vida en una comunidad  como la nuestra.

El expositor anterior interviene aclarando que para el Seguro de Vida es una desgravación impositiva, para el Seguro de Retiro es un diferimiento, o sea que en este último caso luego se cobra el impuesto.

Un segundo tema, tenía que ver con las Compañías de Seguro de Retiro y su actuación como agentes de retención en el marco de la Resolución General 830. Esta es una obligación que fue establecida para las compañías de seguro de retiro en el año 2005 y que supone que las compañías actúen en tal carácter sobre aquellos pagos que realicen en cumplimiento de los planes  acordados, entonces cuando llega a la etapa del retiro el asegurado rescinde  anticipadamente el contrato de seguro y en consecuencia rescata total o parcialmente la prima que eventualmente hubiera aportado en los años anteriores.

Continúa señalando que desde que la retención se estableció, hay dos situaciones que son muy importantes destacar. En primer lugar es que se eliminó el régimen de las AFJP y con esto la deducción de los Seguros de Retiro Privados, considerando que esto es un error y que esa deducción supone la deducción en el momento del aporte sin perjuicio que cuando el asegurado cobraba los beneficios del plan o eventualmente cobra el rescate del plan en forma anticipada conformaba base imponible para el mismo, con lo cual lo que había era un diferimiento temporal. Esta deducción hoy no está vigente.

Indica que otro de los elementos del 2005 hasta acá es la evidente crisis financiera que se produjo a partir del año 2008 que determinó muy seriamente las expectativas de renta que tienen estos planes. En consecuencia lo que está observando el sector hoy en día es que este régimen de retención viene provocando saldos a favor de difícil recuperabilidad para los asegurados, fundamentalmente porque recae sobre la base de los pagos que mayormente están conformados por la devolución de las primas que aportaron esos sujetos al momento de la contratación durante la vigencia del Contrato de Seguro y como la alícuota no es menor porque es del 3% aplicable prácticamente sobre lo que es capital, genera una distorsión muy importante, lo que quita la rentabilidad del producto y genera distorsiones en las decisiones económicas que muchas veces se vuelcan a otras inversiones tal vez de carácter más especulativo como pueden ser inversiones más bien financieras y que tenga la connotación de un Seguro de Retiro que es la protección a la vejez.

Señala que sobre esta base, la propuesta del sector es no llegar a la eliminación del régimen de retención porque de hecho AVIRA ha trabajado mucho con AFIP, en su momento, para llegar a implementarlo teniendo particularmente en claro uno de los objetivos más importante no era la recaudación ya que es un seguro muy golpeado en Argentina no tiene representatividad ni entidad como tal desde el punto de vista de la significatividad económica sino más bien llevar adelante un control estricto sobre todos aquellos pagos que hacían las compañías de seguro, por esa razón se cree que el régimen de retención no debería eliminarse pero si considerar la reducción de la alícuota a unos valores que se adecuen a lo que es la realidad del negocio y que no deberían ser superiores al medio por ciento o al uno por ciento.

Continúa señalando que estos son los dos temas que forman parte del temario. Agrega que a partir de una novedad que se dio a conocer recientemente en un fallo que cayó en la causa “Sol Naciente Compañía de Seguros” donde la Corte convalidó la  idea que el Seguro de Sepelio es un seguro de vida no gravado, es decir es uno de los seguros que se encuentran dentro del ámbito de la exclusión de objeto que establece la Ley del impuesto para los Seguros de Vida precisamente. Este fallo es muy interesante, no sólo por lo que implica para los seguros de sepelio propiamente dicho y para en algún momento plantear y analizar la revisión de algunos pronunciamientos fiscales vinculados con otras formas asegurativas como son los Seguros de Accidentes Personales que, si bien en esencia se llaman de una manera distinta a los Seguros de Vida, participan en cuanto a la estructura técnica y legal de la estructura que hace a los propios Seguros de Vida. Concretamente está el Dictamen 104/93 que es un dictamen que ya tiene 20 años y que frente al Fallo “Sol Naciente Compañía de Seguros”, podría merecer una reconsideración. Lo mismo ocurre con aquellos productos de vida que contienen cláusulas adicionales fundamentalmente de alta complejidad en transplante de órganos; ahí aparece el Dictamen 36/2003 de DI ATEC, que negó la incorporación dentro de la exclusión de objeto, es decir que consideró gravado a este tipo de seguros y ahí se está confundiendo el destino que va a tener la indemnización respecto de la causa justamente que se materializa en el transplante de órganos, en la alta complejidad médica que es la proveniente de una enfermedad grave que es uno de los tipos que contiene el Decreto Reglamentario para excluir a estos seguros del objeto del gravamen. Este fallo fue interesante para el sector y se lo trae un poco como novedad y para generar algún tipo de conciencia también como viene avanzando la jurisprudencia en materia de seguros.

El expositor concluye la exposición y consulta a los presentes si tienen algún tipo de pregunta. El Secretario del Foro, manifiesta que el área de Asesoría Técnica es la encargada de recepcionar este tema.

A continuación toma la palabra la directora de la Dirección de Asesoría Técnica (SDG TLI-DGI), manifestando que va a estudiar el planteo y de resultar viable, se va a remitir a Legislación para analizar la posibilidad de disminuir la tasa del 3 % y tener en cuenta el resto de los temas para una futura modificación legislativa que seguramente cuando suceda la Dirección de Asesoría Técnica va a tener intervención y podrá hacer el comentario.

Interviene el subdirector general de la Subdirección General de Técnico Legal Impositiva señalando que en el futuro se va a tener que generar una mejor definición legislativa sobre el tema; se ha tenido muchas discusiones y cambio de opiniones no sólo con AVIRA sino también con la Superintendencia de Seguros sobre todo en el capítulo de seguro de las personas en las cuales están comprendidos todos estos tipos de seguros, es decir el de vida, el de supervivencia, el de sepelio el de salud y en todos dicen que se aplican las normas de los seguros de vida. No es que se esté en desacuerdo con el beneficio fiscal que pueda tener este tipo de seguros pero lo que se va a sugerir es que en algún momento se mejore la redacción legislativa para poder determinar el alcance que existe con esto, las normas relativas al seguro de las personas respecto de lo que la Ley quiso desgravar como seguro de vida. Lo que no implica que no amerite que también tengan esos beneficios los seguros que por ejemplo cubren transplantes de órganos, etc.

  III. TEMAS VARIOS

El Secretario del Foro manifiesta que dentro de temas varios planteados, está el de la RG. Nº 3164, de reciente publicación, mediante la cual se establece un régimen de retención de IVA a las operaciones realizadas por empresas de servicios de limpieza de edificios, de investigación y/o seguridad, y de recolección de residuos domiciliarios.

La Unión Industrial Argentina (UIA) ha planteado algunas inquietudes que fueron analizadas por la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada (DI ANFE- SDG FIS) por lo que el secretario del Foro invita a un representante de tal área para contestar las cuestiones que se han planteado.

Uno de las primeras consultas tiene que ver con el art. 4º de la normativa. Se pregunta si, la consulta al archivo de información de proveedores debe hacerse al momento de realizarse el pago, al inicio del mes calendario o por el mes que surge del documento que acredita la prestación del servicio. El expositor manifiesta que la RG. 3164 remite al anexo IV de la RG. 2854 y ésta indica que se tendrá en cuenta momento del pago y la consulta del archivo podrá efectuarse desde el día 15 del mes calendario inmediato anterior al pago y hasta el momento de dicho pago.

La siguiente consulta gira en torno al art. 7º de la RG 3164. La retención deberá practicarse en el momento en que se efectúa el pago de los importes atribuibles a la operación, incluido aquellos que revistan el carácter de seña o anticipo que congelan precios, de realizarse pagos parciales el monto de la retención se calculará considerando el monto total de la operación, si la retención a practicar resulta superior al importe del pago parcial que se realice, la misma se efectuará hasta la concurrencia de dicho pago afectándose el excedente de la retención no practicada a los sucesivos pagos parciales; acá surgen dos temas, la preeminencia de la operación o la preeminencia del pago; en prestaciones de servicios, el servicio puede estar prestado en un período fiscal y abonado en el mes siguiente de ser así podría darse el caso que una factura se pague en un mes distinto al cual corresponde la prestación, planteándose enonces la duda respecto a qué período corresponde la retención y cómo juega la sumatoria de los documentos para superar los $ 8.000 establecido en el art. 13. Solicita aclarar si se tienen que sumar aquellos correspondientes a un mismo mes ó se deben sumar documentos de distintos períodos.

El funcionario de DI ANFE manifiesta que se deben sumar aquellos documentos correspondientes a un mismo mes calendario y que como regla general la retención corresponde sea considerada en el período en que se efectuó el pago. Como excepción se puede computar en la DDJJ que incluya las operaciones que dieron origen a la retención, siempre que hayan sido efectuadas hasta la fecha de vencimiento de dicha declaración.

Interviene el representante de COPAL, manifestando que la Comisión Directiva de  la entidad que representa, está firmando una nota que toca este tema. Aclara que esta es la segunda norma que conoce que obliga a la sumatoria  de documentos que corresponden a un período temporal. Indica que en la RG 830 está el esquema de la acumulación de pagos del propio mes aunque los documentos correspondan a distintos períodos temporales. Una definición como la que se expresó recién -que en verdad es lo que está escrito- estuvo también en el régimen de retención originario para monotributistas y esto implicaba tener acumuladores de documentos de cada mes abiertos en los sistemas. Si se está en una compañía donde se pueden recibir servicios de limpieza de la planta A, la planta B, la oficina C; del mismo prestador y el tratamiento de estos documentos, administrativamente, pueden generar discusiones, dificultades, demoras; con lo cual podemos estar pagando facturas del mes de Julio en Agosto, en Septiembre y en Octubre, obliga a tener los sistemas acumuladores abiertos para saber si se superó con los comprobantes del mes de Julio los $ 8.000. No es posible sistematizar esto y tener de ese modo una información que no existe. Manifiesta que se está hablando de servicios de prestación continua y que, salvo un caso puntual de un hecho aislado de un requerimiento de un servicio específico para una única oportunidad, en general en las empresas estos servicios son de prestación continua con lo cual hay una suerte de normalización de valores. La presentación que se elevó a la Comisión Directiva de COPAL está pidiendo que el acumulado sea exactamente igual al acumulado que se encuentra plasmado en la RG. 830, por pagos del mes, siguiendo el mismo esquema que tenemos en la consulta del Anexo IV, este Anexo del régimen de retención de IVA pide que la consulta se haga a partir del día 15 pero con validez para todas las cancelaciones que se hagan a partir del mes siguiente. Indica que se cumple el objetivo de no dividir comprobantes, ya que el problema es el fraccionamiento de comprobantes para estar por debajo de los $ 8.000. Señala que; en este caso si se va a la acumulación equivalente al que hoy existe para la RG. 830 habría que bajar el mínimo sustancialmente o no poner mínimo porque lo dispuesto es de imposible práctica. En la nota se está pidiendo cambiar esto por ser de imposible cumplimiento, no es posible sistematizar esto, en tanto que el acumulado de operaciones canceladas en el mismo mes, los contribuyentes ya lo tienen en vigencia en los hechos, para el Impuesto a las Ganancias y sería una aplicación rápida.

El expositor manifiesta que este planteo debería hacerse formalmente mediante nota, por todas las implicancias que tendría.

El Secretario del Foro plantea la próxima pregunta donde se consulta qué sucede donde se confecciona una factura $ 8.000 + IVA por la que no correspondería la retención ya que debería superar los $ 8.000 netos para retener; pero con posterioridad se emite una factura por $ 200 + IVA, dentro del mismo mes calendario la base de retención es $ 8.200 por aplicación del artículo 14. El proveedor es un sujeto inscripto por lo cual la alícuota de retención que se debe aplicar el agente es del 10,5%, la retención calculada es de $ 861, el pago total de la factura es de $ 242, es decir, la cuestión es en que si se aplica o no se aplica el tema de pagos parciales.

El expositor de la DI ANFE contesta que, la retención se hace hasta la concurrencia de ese pago, si es la última operación que se hizo en ese mes queda esa retención efectuada y no hay que hacer otro trámite. El Secretario del Foro aclara que no se aplica el régimen de pagos parciales, no va contra la otra operación. El expositor agrega que no hay que informar cuando no se pudo retener ni existe la autorretención.

El Secretario del Foro indica que la siguiente consulta se refiere a que en el art. 14 se menciona que las operaciones deben ser de un mismo mes calendario y de ser así cómo debe efectuarse cuando una factura emitida el 30 de un mes (por ej. noviembre) que se abona en el mes siguiente (diciembre) y en el medio, el proveedor del servicio emitió otra factura por operaciones del período vigente (diciembre); en esta situación se plantea la duda si se debe seguir a la operación efectuada en un mes calendario, o hay que guiarse por el pago.

El funcionario de DI ANFE indica que se deben considerar las operaciones efectuadas en cada mes calendario. En el ejemplo citado se compararán las facturas de noviembre con los mínimos que prevé la RG, considerándose por separado las de diciembre, con lo cual puede ser que por un mes se tenga que retener y por el siguiente si es menor, no corresponda la retención, se acumula mensualmente.

El Secretario del Foro manifiesta que estos son los planteos que se hicieron pero puede haber más y que en el ABC de preguntas y respuestas de la página web de AFIP, están publicadas todas las respuestas dadas hasta hoy.

El representante de COPAL agrega que algo relacionado a la validación de los atributos fiscales del sujeto es que esta Resolución General, por primera vez contempla doble control, es decir que hace el control sobre el archivo de proveedores que tiene el régimen general de retención de IVA  pero también la verificación por la RG. 1817 que tiene una validez de seis meses. Sostiene que se debería generalizar un único procedimiento de validación de los atributos fiscales que es el archivo de acuerdo con el Anexo IV que tiene validez para un mes y por lo tanto una actualización mucho más fluida y mucho más cercana a la realidad de la situación en los padrones de la AFIP del contribuyente. En la nota que van a presentar se está contemplando también esta cuestión.

No existiendo más comentarios se concluye el tema.

Respecto de otros temas que surgieron en el ámbito de las reuniones de este Foro, el Secretario comenta que respecto  de la Comisión extra foro relacionadas con las nuevas Normas  de Información Financiera faltan algunas respuestas de algunos Organismos para tener las conclusiones del trabajo realizado pero se está elaborando el informe final; siguen las reuniones de la Comisión de Fideicomiso las cuales se van a retomar en el mes de Noviembre y algunas cuestiones que se han consultado y que se han transformado en expediente y están en el área competente,   son, por ejemplo, el tema de las “compensaciones” de las obligaciones de la Seguridad Social, oportunidad de su aplicación en los trámites de devolución de IVA, planteado por CERA.

Interviene la representante de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, manifestando que un tema que preocupa a todos considerando  que se termina el período fiscal 2011, está relacionado con las deducciones de cuarta categoría en ganancias y qué hará el Organismo.

El Secretario del Foro, manifiesta que, como todos sabemos, resulta necesaria una resolución del tema vía Congreso y por el momento, no se tiene conocimiento de decisiones en ese sentido. Alguna solución, similar a la de años anteriores, podría tomarse si aquello no sucede; de todas formas corresponde esperar.

La representante de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, agrega que el problema afecta, en la actualidad, a los trabajadores en el caso de las desvinculaciones laborales.

  No habiendo más temas a tratar, se finaliza la reunión acordando la próxima para diciembre, en fecha a definir.




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